Algunas de estas personas requiere de vigilancia y reubicación para no ser víctima de delincuentes
En el país hay personas que no pueden vivir una vida normal y que requieren de vigilancia de oficiales judiciales, dejar sus hogares, evitar hacer llamadas telefónicas o irse al otro extremo del país, para simplemente no perder su vida.
Ese es el caso de 1.551 personas que pertenecen al Programa de Protección de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, es decir, ciudadanos que las autoridades consideran, tienen que recibir un cuidado especial, debido a que han recibido amenazas de muerte o porque son testigos vitales en la realización de un juicio.
Solamente en lo que va de enero en este año, el Ministerio Público (MP) ha ingresado a 418 personas en el programa, las cuales han sido víctimas de diferentes delitos como:
- Amenazas agravadas
- Ley Penalización (maltrato)
- Agresión con armas
- Ley Penalización (incumplimiento a medida de
- protección)
- Extorsión simple
- Tentativa de homicidio
- Ley Penalización (amenazas contra una mujer)
- Homicidio simple
- Robo agravado
- Amenazas personales
Como en muchas otras problemáticas, las mujeres son las más afectadas, y componen la mayor parte del registro del programa, donde según el Ministerio Público, solamente el año anterior pasaron 5.305 mujeres por programa, mientras que hombres solo 3.414.
El fiscal adjunto de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, José Peñaranda, explica que los resultados de la oficina, en cuanto a éxito y eficiencia, son bastante altos, pero que cada caso depende de la disciplina de las personas, ya que ellos no pueden obligar a nadie a estar bajo su resguardo.
“Nosotros hacemos un análisis de casa caso, para eso tenemos el un equipo de criminólogos que estudian que tan grave es la situación de la víctima, y a partir de ahí, se decide si es necesario trasladar a la personas a una zona segura, darle custodia a las audiencias y juicios o simplemente darle monitoreo para estar seguros de que no corren peligro. Es importante aclarar que nosotros no podemos obligar a nadie a obedecer, y en ocasiones las personas no soportan estar incomunicados, se ponen en contacto con alguien, y hay que reubicarlos.”, aseguró Peñaranda.
Sin embargo, la labor de la oficina de protección no es sencilla, ya que deben de repartirse en todo el territorio nacional, en 24 oficinas diferentes para ser exactos y, además, es importante destacar que los funcionarios reciben una asignación de casos no muy alta, para evitar las filtraciones y casos de corrupción en casos de alta peligrosidad, como los que tienen que ver con organizaciones dedicadas al narcotráfico.
“Nosotros a hoy andamos cercar de los 174 funcionarios, entre área administrativa, abogados, criminólogos, trabajadores sociales y psicólogos. Esa división sola tenemos en San José, en el resto de oficinas regionales, solo tenemos a cuatro personas por zona. En el tema de la confidencialidad y para reducir casos de corrupción, lo tratamos con la separación de casos, solo los funcionarios que están en el caso conocen la información detallada”, comentó.
Cabe destacar que como lo menciona su nombre, la oficina también da atención a las personas que son víctimas de los delitos, y pasaron por algo delicado, pero no requieren de protección especial. La mayoría de los casos son consultas con los especialistas en psicología.
