Por: El\u00ed Josu\u00e9 Bravo.<\/p>\n\n\n\n
El Gobierno<\/strong> impulsa una reforma a las reglas de control de las instituciones p\u00fablicas para limitar la intervenci\u00f3n previa de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica<\/strong> y de las auditor\u00edas internas en decisiones relacionadas con la ejecuci\u00f3n de obras, proyectos y contratos.<\/p>\n\n\n\n La propuesta plantea que, como regla general, la fiscalizaci\u00f3n se realice despu\u00e9s de que la Administraci\u00f3n tome y ejecute sus decisiones<\/strong>, en lugar de concentrar parte del control antes de que estas se lleven a cabo.<\/p>\n\n\n\n El cambio es cuestionado por sectores pol\u00edticos, entre ellos el Frente Amplio<\/strong>, que advierte sobre las posibles consecuencias de reducir los controles previos sobre las decisiones del Estado.<\/p>\n\n\n\n El Ejecutivo sostiene que los controles previos pueden generar retrasos en obras y proyectos p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n Como ejemplos, el Gobierno ha mencionado los casos de la Marina de Lim\u00f3n<\/strong> y los esc\u00e1neres para puertos y fronteras<\/strong>, para argumentar la necesidad de modificar el modelo actual de fiscalizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La propuesta busca que las instituciones puedan avanzar con sus decisiones y que la Contralor\u00eda concentre su labor principalmente en verificar posteriormente la legalidad y el uso de los recursos p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n Otro de los cambios planteados establece que una investigaci\u00f3n de la Contralor\u00eda<\/strong> no podr\u00eda suspender por s\u00ed sola una obra o contrato que ya se encuentre en ejecuci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Para detener este tipo de proyectos ser\u00eda necesaria una orden judicial<\/strong>, seg\u00fan lo establecido en la propuesta.<\/p>\n\n\n\n El planteamiento genera debate entre quienes consideran necesario agilizar la ejecuci\u00f3n de proyectos p\u00fablicos y quienes advierten sobre la importancia de mantener controles efectivos sobre las decisiones de la Administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El proyecto no elimina por completo el control previo.<\/p>\n\n\n\n Este se mantendr\u00eda en aquellos casos en los que una ley exija expresamente la aprobaci\u00f3n de la Contralor\u00eda<\/strong> antes de que una determinada decisi\u00f3n pueda ejecutarse.<\/p>\n\n\n\n De esta manera, la reforma pretende modificar el equilibrio actual entre los controles previos y posteriores, trasladando el \u00e9nfasis hacia la fiscalizaci\u00f3n posterior.<\/p>\n\n\n\n La iniciativa plantea cambios tanto a la Ley Org\u00e1nica de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica<\/strong> como a las reglas relacionadas con el control interno<\/strong> de las instituciones p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n El objetivo declarado es establecer un modelo en el que la Administraci\u00f3n tenga mayor margen para ejecutar obras, proyectos y contratos, mientras los \u00f3rganos de fiscalizaci\u00f3n concentran su intervenci\u00f3n principalmente despu\u00e9s de esas decisiones.<\/p>\n\n\n\n El proyecto abre un nuevo debate sobre hasta d\u00f3nde debe llegar el control previo de la Contralor\u00eda y c\u00f3mo garantizar la fiscalizaci\u00f3n de los recursos p\u00fablicos sin frenar la ejecuci\u00f3n de obras y proyectos.<\/strong><\/p>\n\n\n\nGobierno asegura que controles pueden retrasar proyectos<\/h4>\n\n\n\n
Investigaci\u00f3n de Contralor\u00eda no suspender\u00eda obras autom\u00e1ticamente<\/h4>\n\n\n\n
Control previo se mantendr\u00eda en algunos casos<\/h4>\n\n\n\n
Reforma modifica reglas de control interno<\/h4>\n\n\n\n