El Organismo de Investigación Judicial detuvo a un siquiatra, un emergenciólogo y un asistente administrativo del Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas que presuntamente vendían incapacidades a empleados públicos bajo tres métodos.
El primer método era una cita en un consultorio privado, donde la esposa del siquiatra les facilitaba referencias médicas para que luego fueran valorados en emergencias y recibieran la incapacidad.
En el segundo método entraba en acción el emergenciólogo, quien recibía a los empleados sin hacer fila y los refería a siquiatría sin ninguna atención.
La tercera forma de operar era una atención sin cita previa por parte de los recepcionistas del departamento de siquiatría, estos se brincaban la lista de espera y el especialista se encargaba de avalar las incapacidades de forma inmediata.
Las incapacidades se tramitaban a funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP), Poder Judicial y Patronato Nacional de la Infancia (PANI) por una suma de ¢150.000.
