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Oficialismo impulsa leyes para tipificar el delito de sedición y prohibir rostros cubiertos en marchas

Oficialismo impulsa leyes para tipificar el delito de sedición y prohibir rostros cubiertos en marchas

Periodista: Josué Bravo

A raíz de los actos de vandalismo cometidos contra el monumento al expresidente José Figueres Ferrer durante las recientes protestas contra los recortes al presupuesto universitario, la bancada oficialista impulsó una serie de reformas legales para sancionar la alteración del orden público y la instigación a cometer delitos.

Las iniciativas surgen tras la polémica desatada por el exdiputado del Frente Amplio, Ariel Robles, quien convocó públicamente a manifestarse “al estilo de Francia”, aunque posteriormente aclaró que su llamado era a protestar de forma pacífica. Ante esto, la fracción de Gobierno presentó además una denuncia penal en su contra.

Inclusión del delito de sedición con penas de 4 a 8 años de cárcel

La diputada Mayulia Ortega, del partido Pueblo Soberano, presentó un proyecto de ley para reformar el Código Penal con el objetivo de incorporar formalmente la figura de sedición, un concepto que aunque está contemplado en la Constitución Política, carecía de tipificación directa en el articulado penal.

  • Aumento de sanciones: Actualmente, el artículo 280 sanciona la instigación pública con penas de 6 meses a 4 años de prisión. La propuesta busca elevara las penas a un rango de 4 a 8 años de cárcel para las conductas que deriven en desórdenes públicos graves.
  • Justificación de la reforma: “Defender nuestra democracia también significa establecer responsabilidades claras para quienes utilizan sus libertades como justificación para promover conductas delictivas”, puntualizó la legisladora Ortega.

Propuesta para prohibir el uso de capuchas y rostros cubiertos

En forma paralela, la diputada Katia Calvo anunció que promoverá una iniciativa para prohibir estrictamente que los manifestantes se cubran el rostro durante concentraciones o marchas en la vía pública.

La medida busca facilitar la identificación de sospechosos a través de las redes de videovigilancia interinstitucionales y el sistema unificado C7, el cual integrará las plataformas de cámaras de los gobiernos locales con las de la Fuerza Pública.

“Cuando usted instiga para ocasionar un desorden público y ese desorden público concluye en actos contrarios a la ley, ya no es solamente instigación, se llama sedición”, enfatizaron voceros de la iniciativa.

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