Portar fusiles de asalto, armas de guerra o armamento de alto calibre podría conllevar consecuencias penales sustancialmente más severas en Costa Rica. El Gobierno de la República afina los detalles de un proyecto de reforma a la Ley de Armas, con el cual pretende incrementar sensiblemente las condenas de cárcel y dictar prisión preventiva automática a quienes sean interceptados con este tipo de armamento letal.
La medida busca poner fin a la habitual puesta en libertad de sospechosos detenidos en posesión de fusiles de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
“Los policías detienen a esta gente con armas largas, pistolas, fusiles, de todo tipo y de toda peligrosidad, y salen en libertad”, recriminó la presidenta de la República, Laura Fernández.
Inspiración en el modelo salvadoreño tras cumbre con Nayib Bukele
La iniciativa tomó impulso tras la reciente visita oficial de la mandataria costarricense a El Salvador, donde mantuvo una reunión de trabajo con el presidente Nayib Bukele para abordar las estrategias de contención contra el crimen organizado y el flujo de armamento ilegal.
Durante el encuentro, ambos gobernantes analizaron los mecanismos legales para neutralizar la circulación de fusiles de asalto como los AK-47 o AR-15:
“Antes de que maten a un semejante, en El Salvador, me decía el presidente Bukele, lo que hicimos fue aumentar la pena a la mitad de un homicidio simple… Las cosas buenas que dan resultados en países cercanos hay que estudiarlas con cuidado, por supuesto adaptarlas a la realidad nacional, pero yo creo que es un paso importante que hay que dar en el país”, puntualizó Fernández.
El planteamiento gubernamental buscará trazar una línea divisoria clara entre infracciones administrativas leves —como el vencimiento del permiso de portación de un arma corta registrada— y la tenencia flagrante de fusiles de guerra o estructuras no autorizadas.
Mecanismos del crimen organizado, trazabilidad y renovación policial
Especialistas en criminología y seguridad privada, entre ellos Karen Jiménez, Bernal Vargas y Adrián Quesada, coinciden en que el desafío va más allá de endurecer las sanciones escritas, señalando que las bandas criminales diversifican sus métodos de contrabando e ingreso ilegal.
| Eje de Acción | Medida Anunciada por el Ejecutivo |
| Pena por armas de guerra | Equiparación del castigo a la mitad de la pena fija por homicidio simple y prisión preventiva de oficio. |
| Control de trazabilidad | Estrechamiento de la fiscalización sobre el armamento que ingresa legalmente y a empresas de seguridad privada. |
| Modernización del equipo | Renovación del equipamiento de la Fuerza Pública, actualización de registros y destrucción ágil de armas decomisadas. |
Como complemento a la reforma legislativa, el Poder Ejecutivo anunció una inyección de recursos para la Dirección General de Armamento con el propósito de acelerar los procesos de custodia, peritaje y destrucción masiva del material bélico incautado en los operativos policiales.
