Según la propuesta los sentenciados deberán esperar el mismo tiempo de la sentencia para limpiar expediente
La inseguridad es una de las principales problemáticas que afectan al país, y es por esto que en la Asamblea Legislativa se discute el expediente 23.746 “Ley para fortalecer el registro nacional y evitar la impunidad”.
Esta iniciativa, del socialcristiano Leslye Bojorges, se incluye en el paquete de proyectos de seguridad que se han presentado en el Congreso en los últimos meses, y lo que busca es aumentar los plazos para que se borren los antecedentes penales de los sentenciados que cumplen condena.
Antes del 2016, todos los antecedentes penales, de cada delito, duraban 10 años posterior a la sentencia en borrarse de los registros judiciales, pero en ese año se reformaron los plazos y se redujeron de manera significativa.
“Hay diferentes periodos, pero actualmente a las personas que cumplen penas de menos de 3 años, se les borraban sus antecedentes penales inmediatamente. Entonces había una pena de dos años y medio, se cumplía la pena y la hoja de delincuencia quedaba completamente limpia. Eso es inaceptable.”, comentó Bojorges.
Esta situación permite que delincuentes con antecedentes penales y que vuelven a cometer un delito, sean juzgados como primarios; es decir, que no se tomaba en cuenta la reincidencia.
Ahora con este proyecto, quedará claro el plazo en el que se mantendrán los antecedentes en la base judicial.
“Nosotros estamos proponiendo que en el caso de penas de menos de tres años, va a tener que esperar el mismo tiempo de la pena, entonces si fue condenado por dos años y medio, pues entonces tendrá que esperar el mismo tiempo para que se le borren los antecedentes. Vamos a ver, una persona con una pena de 10 años o mayor, es porque mató o violó a alguien, cómo puede ser que le borren los antecedentes en 5 años”, argumentó Bojorges.
Los plazos que contempla el proyecto de ley son los siguientes:
-Cuando la pena sea inferior a tres años o por delitos culposos, la cancelación de los asientos se efectuará cuando transcurra el mismo plazo de la pena señalada en la sentencia condenatoria.
-Diez años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea por delitos tramitados bajo el procedimiento especial de crimen organizado, Ley contra la Delincuencia Organizada, Terrorismo, Delitos Sexuales contra Menores de Edad, Homicidio Calificado, Feminicidio y Delitos contra los Deberes de la Función Pública.
Para los abogados penalistas, este tipo de medidas son beneficiosas para el país, debido a que con mano dura se pretende evitar que los delincuentes siguen reincidiendo.
“Que se les respeten los derechos a los delincuentes está bien, pero también a las víctimas y en la medida que logremos leyes que espanten a los delincuentes, en la medida que eso se realice en un consenso entre los poderes de la República, significa que el país va por buen camino”, aseveró el abogado, Juan José Acuña.
Otros expertos en temas legales dejan claro que el proyecto debe afinarse de la mejor manera, para tener un panorama claro.
“El proyecto no lo veo mal, pero creo que tal vez es un proyecto que puede ser muy efectivo en ciertos delitos, y que si se afina bien, puede ser muy beneficioso para la sociedad costarricense”, dijo el abogado, David Fernández.
A pesar de que el proyecto fue votado a favor por 44 diputados, el legislador Leslye Bojorges retrotraerá el proyecto, esto significa que será llevado nuevamente a la comisión de seguridad, para realizar un análisis a ciertos puntos, para evitar que luego de ser aprobado de manera definitiva, tenga roces de inconstitucionalidad.
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