A pesar de ser uno de los países que por ley tiene el compromiso de invertir uno de los porcentajes del PIB más alto, un 8% en educación, la estrechez fiscal ha venido debilitando consistentemente en los últimos años la inversión en esta área.
Y lo evidencian los datos del Estado de la Nación, donde se nota que desde el año 2000 no se cumple el compromiso constitucional de invertir ese 8% y más bien la evolución de la inversión social en la educación ha venido a la baja para el año 2022, llegó al 5.9% y la tendencia sigue cayendo.
A los rectores universitarios les preocupa que el presupuesto del 2025 es mucho más bajo y eso puede recrudecer las precariedades en las que ya están trabajando los docentes.
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