México avaló una enmienda constitucional para que a partir de ahora sus jueces sean elegidos por medio de elecciones populares.
La reforma fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus detractores alegan que la medida fulmina la independencia judicial.
López Obrador planteó la reforma en el marco de un enfrentamiento con la Suprema Corte, que le ha bloqueado iniciativas que ampliaban la participación del Estado en el sector energético y dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares.
El mandatario, que entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum el 1º de octubre y tiene una popularidad del 70%, acusa al máximo tribunal y a algunos jueces de estar al servicio de las élites, de la corrupción de cuello blanco y del crimen organizado.
Pero sus adversarios denuncian que en realidad pretende eliminar la independencia judicial para instaurar un régimen autoritario y perpetuar a su partido en el poder.
Estados Unidos advierte que el voto directo dejaría a los jueces a merced de los cárteles del narcotráfico, que ya inciden en las campañas políticas.
Tras la aprobación de la iniciativa, los actuales ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados (unos 1.600) podrían postularse en elecciones en 2025 y 2027. De no hacerlo, permanecerían en sus cargos hasta que asuman los elegidos.
