Esta es la historia de cómo la cuarta mayor cooperativa de ahorro y crédito de Costa Rica fue declarada en bancarrota en menos de dos meses, producto de una investigación que vino a confirmar lo que muchos sabían, pero callaban. Así murió Coopeservidores.
Todo inicia el 13 de mayo de 2024, cuando, producto de una recomendación de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordena la intervención de la cooperativa CS Ahorro y Crédito, conocida como Coopeservidores, tras identificar debilidades en la administración y el manejo de los negocios de la entidad.
¿Las razones?
- Deficiencias graves en la información reportada sobre operaciones de crédito.
- Aplicación masiva de moratorias de pago sin gestión de cobro, afectando la calidad de la cartera de crédito y generando pérdidas.
- Aumento en el riesgo de crédito.
- Actos de negligencia por parte de la dirección y alta administración.
Óscar Hidalgo Chaves, quien lideró la cooperativa como gerente general durante 18 años, es despedido sin responsabilidad patronal y, al mismo tiempo, Marco Hernández Ávila, profesional designado por el Conassif, toma el control de la entidad en calidad de interventor.
A partir de este momento, Hidalgo, un contador de 58 años que ha estado involucrado en los procesos de cierre y liquidación bancaria más sonados del país en los últimos 30 años, es la persona responsable de decidir el futuro de la cooperativa y sus 131.500 asociados, entre los que se encuentran 142 asociaciones solidaristas.
Durante la intervención, todos los recursos de la entidad quedan inmovilizados, lo que significa que los clientes no pueden acceder a sus ahorros e inversiones, utilizar sus tarjetas de débito y crédito ni hacer transferencias en línea o a través de Sinpe Móvil.
Además, comienza lo inevitable: movimientos de personal. Una semana antes de que iniciara la intervención, Coopeservidores había despedido a 66 empleados, quedando con una planilla de 612 trabajadores. Pero solo bastaron unas semanas para que se anunciara que otras 147 personas serían cesadas, lo que resultó en que la planilla se redujera a 465 empleados.
Mientras Conassif realiza sus acciones, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual inicia una investigación por el presunto delito de reducción de la pena, que castiga con prisión de tres a seis años a la persona que registre o permita la alteración de registros, para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas o para afectar la composición de activos, pasivos, contingentes o resultados.
En cuestión de días el Consejo de Supervisión comienza a tomar decisiones contundentes, como suspender a los miembros de la alta dirección de Coopeservidores y prohibir nuevas prórrogas en las operaciones de crédito vencidas. También bloquea el objetivo de la entidad de vender una porción de su cartera de crédito al Banco Popular, al indicar que la transacción no solucionaría las dificultades de solvencia y seguridad financiera existentes.
Sugef revela que las autoridades de Coopeservidores permitieron el ocultamiento de sus problemas al conceder, en gran volumen, una moratoria de pagos a deudores de créditos malos, a los cuales no se les ejecutó ninguna gestión de cobro.
Al parecer, durante los últimos años la cooperativa logró atraer a miles de clientes al aplicar una estrategia basada en el crédito de consumo de fácil acceso para quienes buscaban financiamiento, y ofreciendo rendimientos más altos en el ahorro a plazo en comparación con el resto de la industria.
Cuando comienzan a aumentar las dudas de la población sobre el proceso llevado a cabo en Coopeservidores, la morosidad en la cartera de crédito experimenta un rápido ascenso y Conassif sale al paso para indicar que las personas que tengan deudas con la entidad y que a su vez mantengan sus ahorros allí, deben saldar sus obligaciones con recursos externos a la cooperativa. De lo contrario, podrían caer en mora y su historial crediticio se vería perjudicado con la posibilidad de llegar hasta el cobro judicial.
Además, Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef, descarta que la intervención de Coopeservidores provoque una situación que comprometa al resto de instituciones financieras, incluidas otras cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas.
Finalmente, el 21 de junio de 2024, Coopeservidores es declarada como entidad inviable, luego de que el proceso de intervención financiera determinara que no puede seguir operando.
¿Por qué?
En resumen, se revelaron problemas significativos que impiden a la entidad cumplir con los requisitos de solvencia, debido a un continuo deterioro en su cartera crediticia y a balances donde los pasivos superan a los activos. Además, la cooperativa presentaba irregularidades legales graves que le impedían operar con normalidad y no se identificaron medidas viables para recapitalizarla. Es así como se concluye el cierre de la entidad y su muerte definitiva.
¿Qué pasa ahora?
Se inicia un plan de resolución que debe completarse en un plazo máximo de un año, que contempla la segregación de los activos de Coopeservidores en dos bloques:
Banco Bueno: Un conjunto de activos y pasivos de calidad que se transferirá a una entidad financiera solvente. Esta entidad asumirá todos los depósitos y préstamos garantizados, facilitando el pago a los acreedores en un periodo estimado no mayor a dos meses.
Banco Malo: Activos de menor calidad que serán administrados por un fideicomiso con el objetivo de venderlos en un plazo máximo de un año, recuperando así fondos en beneficio de los acreedores y asociados de la cooperativa.
Según Conassif, se determinó que el proceso de resolución adoptado es la opción más favorable para todos los afectados, en aras de recuperar la mayor cantidad de dinero de los ahorrantes.
La resolución garantiza que todos los ahorrantes con depósitos a la vista y a plazo hasta por ¢6 millones recuperen la totalidad de su dinero. En caso de no concretarse la resolución, se solicitará el pago de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y la liquidación judicial de la entidad.
Con ese fondo, administrado por el Banco Central, se busca proteger a los depositantes y ahorrantes más vulnerables, menos sofisticados y pequeños. Se trata de un total de 162.000 personas que tienen menos de ¢6 millones ahorrados, un 97% de la totalidad de los depositantes de Coopeservidores.
¿Qué pasará con las personas con ahorros mayores a ¢6 millones?
Los otros 5.500 depositantes que tienen cantidades superiores a los ¢6 millones también podrían recuperar ese monto, pero la diferencia quedaría sujeta a la liquidación de los activos malos de la entidad o un posible proceso de quiebra de la misma. Además, se prevé que perderán al menos un 20% de su dinero.
Según Sugef, la garantía se pagaría en colones únicamente al titular del depósito o al beneficiario designado, en caso de fallecimiento del titular, y cubrirá solo el monto principal, no los intereses. Si los depósitos fueron en moneda extranjera, se pagarían con el tipo de cambio de venta vigente a la fecha en se establezca el pago. La garantía de depósitos podrá hacerse efectiva por medio del pago directo de los depósitos garantizados a los depositantes y ahorrantes o por medio del traslado de esos recursos a los procesos de resolución.
En el caso de depósitos o ahorros constituidos a nombre de dos o más personas, se paga a cada una de ellas la parte proporcional que le corresponda de los ¢6 millones. Si las personas que están en esta situación mantienen otros depósitos o ahorros en la misma entidad, se les pagará las sumas que completen para cada persona los ¢6 millones.
Una vez que Conassif apruebe el pago de la garantía, el Fondo de Garantía y Depósitos tiene 10 días hábiles para ejecutar el pago de la garantía. Las personas no deben retirar sus ahorros y depósitos inmediatamente una vez que se hayan trasladado a otra entidad, ya que los mismos estarán a su disposición y seguirán siendo administrados con normalidad. No obstante, si la persona necesita esos recursos, podrá utilizarlos.
Por último, en el caso del capital social, es decir, los aportes que habían realizado todos los socios para ser parte de la cooperativa, se perderán por completo. Se trata de un total de ¢46.900 millones. El interventor explicó que las pérdidas generadas por los problemas de Coopeservidores son tan altas que absorben ese capital social de los asociados. Sin embargo, esto quedará en el fideicomiso por si acaso la recuperación de los activos pueda darse y pueda trasladarse a los afectados.
¿Se pudo haber evitado?
La pregunta más importante que salta al final de la historia es si todo esto se pudo haber evitado. Sugef asegura que alertó a tiempo, pero trascendió que desde 2016 conocía que la cartera de crédito de Coopeservidores se redujo en ¢14.050 millones entre 2009 y 2016. Es decir, desde hace años se sabía del deterioro en la calidad de la cartera de crédito de la entidad, el cual había pasado de unos pocos millones al año a miles de millones de 2012 en adelante.
