Defensoría de los Habitantes, OIJ y Ministerio de Hacienda logran acuerdo en temas presupuestarios

Los tres entes cerraron este miércoles el acuerdo que por meses se vio lejos de cerrarse

Los tres entes trabajaran en cuatro puntos con tal de solucionar los arreglos presupuestarios.

Este miércoles en horas de la mañana con la mediación de la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lamnert, autoridades del Ministerio de Hacienda y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se logró llegar a un acuerdo presupuestario entre los entes involucrados.

Cuatro son los acuerdos alcanzados el día de hoy, entre los cuales se destaca el compromiso del Ministerio de Hacienda de presentar en el mes de enero del año 2024 un presupuesto extraordinario para aclarar que las instituciones citadas en la norma 10 pueden hacer las modificaciones sin necesidad de modificación presupuestaria vía ley de presupuesto. A ello se suma que, Hacienda buscará opciones de financiamiento -no deuda- para las plazas que se autorizaron para el OIJ en el presupuesto 2024.

Otro punto importante a resaltar es el compromiso de trabajo conjunto entre Hacienda y OIJ para las mejoras en la ejecución presupuestarias del OIJ para el presupuesto del año 2024 y establecer mecanismos de coordinación para que en la formulación del presupuesto 2025, el OIJ conjuntamente con el Poder Judicial incorporen una partida con el propósito de invertir en la infraestructura que requiere el OIJ. El Ministerio de Hacienda se comprometió a hacer el esfuerzo de presupuestar 1.500 millones para el 2025.

Para la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, es importante que la institución abra estos puentes de diálogo entre las instituciones del Estado, con el propósito que se puedan encontrar alternativas de solución a los problemas. Calificó la sesión de trabajo como muy positiva para el beneficio de los y las habitantes.

Para la Defensoría es trascendental el abordaje de la situación de seguridad y en ese escenario ha alzado la voz ante la preocupación de la incorporación de personas menores de edad y jóvenes en la criminalidad, así como el seguimiento a la Política Nacional de Seguridad y todo aquello relacionado a la dotación de recursos económicos.

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