Entidad dice que proyecto de Rodrigo Chaves pretende debilitar su margen de acción
La Contraloría General de la República asegura que el proyecto de “Ley Jaguar” propuesto por Rodrigo Chaves busca reducir sus potestades, específicamente por los cambios que pretende hacer a su Ley Orgánica y a la Ley de Control Interno.
Sobre la ley que rige la Contraloría, indica que estas serían las 3 reformas más drásticas:
La primera es al artículo 11, que originalmente indica que el fin de la Contraloría es “garantizar la legalidad y la eficiencia de los controles internos y del manejo de los fondos públicos” de las instituciones.
Como se muestra, dicho artículo dice que la Contraloría puede garantizar la legalidad y la eficiencia (las dos cosas) de los controles internos y del manejo de los fondos públicos (de ambos aspectos).
Sin embargo, con la iniciativa de Chaves esto cambiaría a que la Contraloría solo pueda garantizar la eficiencia de los controles internos (no del manejo de los fondos públicos) y solo la legalidad en el manejo de los fondos públicos (no de los controles internos).
De acuerdo con la entidad, aunque los textos parecen similares, con ese ligero cambio en la redacción se elimina la potestad de la Contraloría de fiscalizar la legalidad de los controles internos y la eficiencia en el manejo de los fondos públicos.
“Es decir, el Gobierno podría hacer lo que desee sin aplicar los controles que contempla el marco legal, a cualquier costo, dado que no requiere garantizar la eficiencia de los fondos públicos”.
“Además, ni la Contraloría ni las Auditorías Internas del país podrían revisar y pronunciarse sobre la legalidad de los controles y la eficiencia en el manejo de los fondos públicos”, agregó.
Como ejemplo, mencionó que no se podrían realizar auditorias como la ejecutada sobre el programa Bono Proteger, en la que se detectó que un 16,4% de los bonos se dio a personas no elegibles. Gracias a la ley actual, la Contraloría pudo revelar que esas personas recibieron un total de ₡7.490 millones que no les correspondían.
El segundo artículo que se cambiaría es el 17, que dice que la Contraloría es la entidad que ejerce el “control de la eficiencia” en el país, por lo que puede “efectuar las prevenciones y dictar las instrucciones y las órdenes procedentes” que corresponden.
Con la “Ley Jaguar”, en la redacción de ese numeral se cambiaría la palabra “control” por “fiscalización”. Además, se elimina por completo la parte del artículo que indica que la Contraloría puede hacer prevenciones, instrucciones y órdenes.
Según la entidad, esto impediría que la Contraloría dicte disposiciones vinculantes al Gobierno. Vinculante quiere decir que el Estado debe hacerlo y no puede evadir la orden.
Así las cosas, “si la Contraloría recibiera una denuncia ciudadana o una solicitud de investigación por parte de la Asamblea Legislativa y se encontraran posibles irregularidades o malos manejos de los fondos públicos, no podría prevenir, corregir o sancionar esas acciones“.
El tercer artículo que se modificaría drásticamente es el 12, el cual hoy en día explica que las órdenes que dicta la Contraloría “son de acatamiento obligatorio y prevalecerán sobre otras disposiciones”.
Según la Contraloría, la llamada “Ley Jaguar” busca cambiar este numeral para, más bien, quitarle gran parte de sus potestades a la institución.
Textualmente, la reforma de Chaves dice: “La Contraloría no podrá sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión, ni sustituir las competencias de administración pública activa en sus modalidades de función decisora, ejecutiva, resolutora, directiva u operativa, ni podrá evaluar previamente la gestión administrativa de la administración pública activa”.
La institución argumentó que este cambio busca eliminar los controles preventivos que ejerce la Contraloría y la posibilidad de evaluar las etapas previas de lo que hace el Gobierno en programas, proyectos y contrataciones. “Solo podría valorar una vez se materialicen los daños”, dijo.
Por último, respecto a la Ley de Control Interno, en el numeral 9 se propone agregar un extracto de texto que reitera la eliminación de los controles previos de la Contraloría.
El texto que se agregaría con la “Ley Jaguar” es el siguiente: “La Contraloría únicamente podrá actuar a posteriori de las actuaciones administrativas para garantizar su legalidad”.
Respecto a estos temas, el Poder Ejecutivo ha afirmado que no busca debilitar a la Contraloría, sino más bien “fortalecerla” y agilizar los procedimientos administrativos en la función pública.
Si aún tiene dudas respecto a este tema, busque usted mismo la Ley Orgánica de la Contraloría y lea los artículos antes citados. Luego revise la “Ley Jaguar” y revise los cambios que se pretenden hacer. Saque sus propias conclusiones.
