La constante ola de crímenes mantiene en alerta a las autoridades costarricenses.
La inseguridad es de momento el tema que más preocupa a la población costarricense de cara al cierre del 2023. Foto: Cortesía
El Salvador se ha vuelto el ejemplo para muchos de cómo se debe combatir la criminalidad en un país gracias a las prácticas que ha implementado el jerarca de la nación centroamericana Nayib Bukele, quien se ha empeñado en sacar de las calles a todos los delincuentes.
En el último año el presidente de esta nación centroamericana realizó un trabajo de represión que provocó el encarcelamiento de alrededor de 12 mil mareros.
El mandatario Nayib Bukele aseguró que no es posible que los delincuentes tengan derechos que estén por encima de los derechos de los ciudadanos de bien.
“No han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Como que todo el enfoque de los derechos humanos, internacional o de las ONGS incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos, nadie está diciendo que no tienen derechos”, mencionó Bukele en una comparecencia en su país.
Los números de este pequeño país, mismo que por años fue visto como uno de los más inseguros de toda América Latina, dejan ver que la tasa de homicidios en el salvador por cada 100 mil habitantes ha disminuido notablemente. Para el 2015 la tasa se ubicaba en 103, en el 2016 bajó a un 81.2, para el 2017 ya rozaba el 60, en el año 2018 se llegó hasta la cifra de 51, 2019 lo cerró con 36, 2020 en 19.7, 2021 obtuvo un 17.6, 2022 rozó el 7.8, mientras que para este 2023 la tasa se ubica en solo 2.4.
Pero, ¿Por qué Costa Rica no puede copiar el ejemplo de El Salvador?
“Eso no lo podríamos aplicar en Costa Rica, sería muy fuerte, sería vulnerar incluso los derechos de muchas personas. Cuándo es alguien el que está sentado en esa silla de acusado, esa es la primera persona que señala y dice, ¿Dónde está mi abogado, dónde están mis derechos?. Pero en El Salvador es muy diferente, es muy distinto”, detalló el abogado penalista, David Fernández.
En El Salvador se aplicó el estado de excepción y también lo que se denomina derecho penal del enemigo, esto lo que hace es que las personas señaladas pierden sus derechos mucho antes de iniciar un proceso judicial.
“No podemos comparar las realidades sociales tan diferentes, esa violencia tan extrema que se vive en El Salvador con una violencia que en Costa Rica se está volviendo muy extrema, y que en algún momento no descartamos que tengamos que echar mano de esas medidas tan extremas”, detalló Fernández.
Otro de los temas que provoca una disconformidad en los ciudadanos es la tardanza de los procesos judiciales.
“Cuándo se habla de derechos el ciudadano resiente que no haya una eficacia suficiente en la aplicación de las leyes. El problema está en la demora judicial, es un problema de hace muchísimos años, es un problema difícil de solucionar porque la ley si es efectiva tiene que ser”, apuntó el también abogado Ewald Acuña.
Mientras en El Salvador los homicidios bajaron, en nuestro país estos van en aumento acelerado, ya que la inseguridad se podría decir que es la principal preocupación de los costarricenses y se nota la molestia ante esta situación.
En las calles las personas se sienten intranquilas y recriminan a las autoridades la falta de acción y la permisividad con los delincuentes.
En este momento Costa Rica ya superó los 800 homicidios y el año podría cerrar con más de 900.
