Por Alberto Cuadra
Las organizaciones dedicadas al narcotráfico y al sicariato en Costa Rica registran un incremento sostenido en su capacidad defensiva y ofensiva al incorporar armas de alto calibre en sus operaciones. De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Seguridad Pública, entre los años 2024 y 2025 los decomisos de fusiles de asalto —tales como AR-15, M4, M16 y AK-47— pasaron de 81 a 122 unidades, reflejando un alza del 50,6%.
El fenómeno responde tanto al tráfico internacional de armamento terminado como al hallazgo de talleres de ensamblaje clandestino dentro del territorio nacional.
Ensamblaje local e importación masiva de municiones
Las pesquisas judiciales revelan que los grupos delictivos han diversificado sus métodos de abastecimiento ingresando piezas mecánicas y componentes de fusil ocultos entre embarques de mercadería convencional:
- Producción clandestina: En enero pasado, las autoridades desarticularon una red acusada de proveer armamento a estructuras criminales en Limón, con capacidad operativa para ensamblar decenas de fusiles AR-15 y más de cien armas adicionales.
- Aumento de munición: Las cifras oficiales muestran que la importación de cartuchos al país pasó de 2,5 millones en 2020 a 13,4 millones en 2024, representando un crecimiento del 436%.
- Enfoque territorial: Zonas como Cartago y Limón figuran entre los puntos de mayor disputa entre bandas por el control de líneas de distribución de droga.
“El crecimiento en el decomiso de fusiles refleja cómo el crimen organizado busca aumentar su poder de fuego en el país”, destacó el ministro de Seguridad, Gerald Campos.
Riesgo para la seguridad ciudadana y pública
Las autoridades de inteligencia y los cuerpos policiales advierten que el despliegue de armamento de guerra en zonas urbanas incrementa exponencialmente el peligro para la población civil que transita por áreas de enfrentamiento entre bandas rivales.
“Estas armas representan una amenaza directa no solo para la fuerza pública durante los operativos, sino para cualquier ciudadano que quede expuesto en medio de disputas territoriales”, señaló Pablo Martínez Bertozzi, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
Los estamentos de seguridad mantienen investigaciones abiertas para cortar las rutas de contrabando de componentes y desarticular los centros de distribución de munición en el país.
