Periodista: Daniela Castro
Lo que debía ser un viaje cotidiano se transformó en una de las tragedias viales más dolorosas de la historia reciente de Costa Rica. La mañana del 22 de octubre de 2009, hace exactamente 17 años, un autobús repleto de pasajeros intentaba cruzar el antiguo puente colgado sobre el río Tárcoles, entre Turrubares y Orotina, cuando la estructura cedió por completo y provocó la caída del vehículo al precipicio.
El colapso de la estructura dejó un saldo fatal de cinco personas fallecidas y más de 30 heridos, muchos de los cuales sufrieron secuelas físicas y psicológicas permanentes.
El dolor persistente de las sobrevivientes
Para quienes lograron salir con vida de las aguas del río Tárcoles, la pesadilla no terminó el día del rescate. Las sobrevivientes Albertina Campos y Daisy Quirós recuerdan con amargura cómo el accidente alteró sus vidas para siempre, enfrentando procesos de recuperación dolorosos y la pérdida de vecinos y seres queridos.
“Hay una pregunta que sigue sin encontrar respuesta para las familias: ¿qué pasó con la justicia?”, cuestionan las víctimas, quienes señalan que casi dos décadas después no existe una sentencia firme que atribuya responsabilidades penales ni civiles.
Causa judicial varada: Más de 15 audiencias suspendidas
El proceso judicial para determinar la responsabilidad de las autoridades de infraestructura y los encargados del mantenimiento de la vía ha enfrentado una cadena interminable de dilaciones procesales.
De acuerdo con el abogado Daniel Salas, representante de varias víctimas, la causa ha sido entorpecida por múltiples factores administrativos y legales:
| Indicador del Caso Judicial | Impacto / Estado Actual |
| Fecha de la tragedia | 22 de octubre de 2009 |
| Saldo de víctimas | 5 personas fallecidas y >30 heridos |
| Audiencias suspendidas | Más de 15 convocatorias canceladas o reprogramadas |
| Estado del proceso | Causa abierta sin resolución definitiva ni condenas |
A 17 años del fatídico hecho, las familias afectadas continúan exigiendo un cierre digno mediante una resolución judicial firme, mientras temen que el caso prescriba sin que el Estado costarricense o los responsables den la cara ante los tribunales.
