El Poder Judicial emitió su criterio técnico sobre el expediente de ley N.º 25.559, una iniciativa impulsada originalmente por la anterior bancada del Frente Amplio que busca penalizar al consumidor final de servicios sexuales en contextos de trata de personas, explotación laboral o comercial, y contra personas menores de edad.
Aunque la institución aclaró que no se opone al fondo de la propuesta legislativa, la magistrada de la Sala Tercera, Patricia Solano, advirtió que la creación de estas nuevas tipificaciones penales generará un incremento sustancial en el volumen de causas e investigaciones que deberán tramitar los tribunales costarricenses.
Nuevos tipos penales y presupuesto limitado
La iniciativa en discusión tipifica nuevos delitos en el Código Penal dirigidos a sancionar el lado de la demanda en el comercio sexual ilícito:
- Tipos penales propuestos: Obtención remunerada de actos sexuales en contextos de explotación, adquisición remunerada de actos sexuales con personas menores de edad, imprudencia grave y facilitación de la demanda.
- Impacto operativo: La persecución penal de estos delitos requerirá recursos de investigación del OIJ, fiscalías especializadas y juzgados penales.
- Restricción presupuestaria: La magistrada señaló que asumir estas nuevas competencias operativas resulta complejo ante las contenciones y recortes fiscales que enfrenta el Poder Judicial.
“No nos oponemos al proyecto, pero debemos ser claros en que la creación de estos nuevos tipos penales provocará un aumento directo en la carga laboral de la institución, en un contexto donde el presupuesto operativo se encuentra fuertemente limitado”, explicó la magistrada Patricia Solano.
Reacción en el Congreso
Ante las valoraciones de la alta jueza, el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, manifestó que la bancada es respetuosa de los criterios remitidos por la Corte Plena y coincidió en que las restricciones de gasto público terminan afectando la aplicación efectiva de leyes destinadas a proteger a poblaciones vulnerables.
El expediente N.º 25.559 continúa su trámite legislativo y análisis de indicaciones dentro de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.
