Por: Alberto Cuadra.
Tres investigados quedan sujetos a medidas cautelares
Una decisión del Juzgado Penal de Hacienda generó polémica dentro de una investigación por una presunta red de corrupción en Pococí, que involucra a funcionarios públicos y personas relacionadas con la estructura criminal de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.
Como parte del caso fueron detenidos dos jueces, una agente del OIJ y la hermana de alias “Diablo”. Tras la audiencia, únicamente tres de los investigados quedaron sujetos a medidas cautelares.
Los dos jueces y la agente del OIJ deberán firmar cada 15 días, tienen impedimento de salida del país, domicilio fijo y suspensión del cargo.
Además, se les prohibió acercarse a los tribunales de Pococí o comunicarse con su personal.
Hermana de “Diablo” queda en libertad
La hermana de alias “Diablo”, en cambio, quedó en libertad sin medidas cautelares.
La Fiscalía había solicitado prisión preventiva para algunos de los investigados y ya anunció que apelará la decisión judicial.
¿Por qué una persona investigada puede quedar libre?
Expertos en derecho penal explican que en Costa Rica la prisión preventiva no constituye una pena, sino una medida excepcional que requiere acreditar determinados riesgos procesales.
Entre estos se encuentran la posibilidad de fuga o interferencia con testigos, pruebas o la investigación.
Cuando un juez considera que esos riesgos pueden ser controlados mediante medidas menos gravosas, la persona investigada puede continuar el proceso en libertad.
Fiscalía investiga movimientos financieros
La investigación incluye intervenciones, información financiera y otros elementos que la Fiscalía considera relevantes para determinar si funcionarios públicos habrían utilizado sus cargos para favorecer a personas vinculadas con la organización de alias “Diablo”.
Como parte de las pesquisas, el juzgado ya había autorizado el levantamiento del secreto bancario del juez Ricardo Valverde y de la agente Hazel Rojas, con el objetivo de reconstruir movimientos financieros.
Según la Fiscalía, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2023 y 2026.
Fiscalía apelará decisión
La investigación continúa y aún debe resolverse la apelación presentada por la Fiscalía contra la decisión judicial.
La discusión ahora se centra en determinar si las medidas impuestas son suficientes para garantizar que el proceso avance sin riesgos de fuga, destrucción de pruebas, contacto con testigos o interferencia en la investigación.
La decisión que adopte el tribunal que conozca las apelaciones podría mantener o modificar las medidas cautelares impuestas.
La investigación por la presunta red de corrupción continúa mientras la Fiscalía busca revertir parte de la decisión adoptada tras la audiencia.
