El hallazgo sin vida de la ciudadana estadounidense Caroline Heaviland, una reconocida acupunturista que se hospedaba en una vivienda de alquiler vacacional en Guanacaste, reabrió el debate y la preocupación de las autoridades policiales sobre la seguridad de los turistas en Costa Rica.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene en curso la investigación del caso tras encontrar el cuerpo de la mujer con signos de violencia y golpes en la cabeza dentro del inmueble. Las primeras hipótesis judiciales vinculan el homicidio con la operación de grupos criminales organizados que asaltan hospedajes tipo Airbnb en la zona.

Operación de bandas criminales y estadísticas del OIJ

Según las investigaciones preliminares, al menos dos bandas delictivas operan en la provincia de Guanacaste bajo un patrón de incursión rápida y agresiva durante horas de la noche, irrumpiendo en las propiedades para amenazar a las víctimas con armas de fuego y despojarlas de dinero, joyas, dispositivos electrónicos y vehículos.

Datos de la policía judicial confirman que se tramitan decenas de expedientes por esta modalidad de robo en las principales regiones turísticas del país:

• Guanacaste: 22 investigaciones en curso.
• Puntarenas: 14 casos reportados.
• Limón: 8 expedientes activos.
• Zona Sur: 6 casos bajo investigación.
• Total nacional: 50 procesos vinculados a asaltos en alojamientos vacacionales.

“En varios de esos expedientes, los delincuentes irrumpieron en las viviendas durante la noche, amenazaron a los ocupantes con armas de fuego y se llevaron dinero, joyas, teléfonos, computadoras y vehículos”, detalló Dowglas Rodríguez, jefe de investigación del OIJ.

Urgencia de reforzar la seguridad en el sector turístico

Expertos en seguridad turística coinciden en que la proliferación de alquileres temporales sin esquemas de vigilancia o controles de acceso adecuados ha facilitado el accionar de estas estructuras criminales.

El caso de Heaviland reactiva las demandas del sector para intensificar los patrullajes preventivos, mejorar las medidas de seguridad privada en las propiedades de alquiler y acelerar las pesquisas judiciales que permitan desarticular a las bandas operativas en el Pacífico y el Caribe costarricense.