El diputado y candidato presidencial Eli Feinzaig envió una nota formal al Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Feinzaig solicita una intervención internacional que revise el impacto de la subasta de frecuencias impulsada por el Gobierno.
Feinzaig afirma que la propuesta pone en riesgo derechos esenciales. Señala que la pluralidad mediática y el acceso a la información podrían verse afectados. También sostiene que el diseño del proceso es planteado “para acallar voces que le resultan incómodas al gobierno“
Asegura que el país no puede aceptar filtros que condicionen lo que la ciudadanía escucha o ve.
Hannia Vega apoyó la preocupación. Recordó que miles de familias dependen de la radio y la televisión, sobre todo en zonas rurales. Indicó que no se trata solo de un trámite administrativo. Para ella, es una defensa del derecho de los sectores vulnerables a mantenerse informados.
El contexto cambió tras la decisión de la Sala Constitucional. La Sala suspendió temporalmente la subasta mientras analiza si los criterios usados por la Sutel afectan la libertad de expresión. También evalúa si limitan la participación de medios regionales. La resolución abrió espacio para revisar si el modelo respeta la diversidad y el acceso equitativo al espectro radioeléctrico.
Organizaciones, especialistas y actores políticos coinciden en un punto. El espectro es un recurso público. Por eso debe administrarse con transparencia y sin reducir la competencia informativa.
¿De qué se encarga el Relator de Libertad de Expresión de la CIDH?
Pedro Vaca Villareal, Relator de Libertad de Expresión de la CIDH, busca garantizar que en las Américas se respete el derecho a informar y recibir información sin censura.
Desde esta oficina especializada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos monitorea de forma permanente la situación de la libertad de prensa en los países del continente, documenta agresiones contra periodistas y evalúa qué leyes o decisiones estatales pueden afectar el debate público.
La Relatoría también realiza observaciones técnicas a los gobiernos cuando se discuten reformas legales que podrían limitar el trabajo de los medios o restringir el acceso a datos públicos. Además, acompaña procesos ante la propia CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aportando análisis especializados en casos donde se denuncian censura, persecución judicial, violencia o asesinatos contra comunicadores.
Otra de sus funciones es la elaboración de informes anuales y estudios temáticos que recopilan tendencias, riesgos y avances en materia de libertad de expresión. Estas publicaciones suelen incluir recomendaciones para que los Estados adopten políticas de protección, garanticen la pluralidad de voces y eviten medidas desproporcionadas contra periodistas o medios independientes.
