Por: Elí Josué Bravo.
Gobierno propone limitar control previo de la Contraloría
El Gobierno impulsa una reforma a las reglas de control de las instituciones públicas para limitar la intervención previa de la Contraloría General de la República y de las auditorías internas en decisiones relacionadas con la ejecución de obras, proyectos y contratos.
La propuesta plantea que, como regla general, la fiscalización se realice después de que la Administración tome y ejecute sus decisiones, en lugar de concentrar parte del control antes de que estas se lleven a cabo.
El cambio es cuestionado por sectores políticos, entre ellos el Frente Amplio, que advierte sobre las posibles consecuencias de reducir los controles previos sobre las decisiones del Estado.
Gobierno asegura que controles pueden retrasar proyectos
El Ejecutivo sostiene que los controles previos pueden generar retrasos en obras y proyectos públicos.
Como ejemplos, el Gobierno ha mencionado los casos de la Marina de Limón y los escáneres para puertos y fronteras, para argumentar la necesidad de modificar el modelo actual de fiscalización.
La propuesta busca que las instituciones puedan avanzar con sus decisiones y que la Contraloría concentre su labor principalmente en verificar posteriormente la legalidad y el uso de los recursos públicos.
Investigación de Contraloría no suspendería obras automáticamente
Otro de los cambios planteados establece que una investigación de la Contraloría no podría suspender por sí sola una obra o contrato que ya se encuentre en ejecución.
Para detener este tipo de proyectos sería necesaria una orden judicial, según lo establecido en la propuesta.
El planteamiento genera debate entre quienes consideran necesario agilizar la ejecución de proyectos públicos y quienes advierten sobre la importancia de mantener controles efectivos sobre las decisiones de la Administración.
Control previo se mantendría en algunos casos
El proyecto no elimina por completo el control previo.
Este se mantendría en aquellos casos en los que una ley exija expresamente la aprobación de la Contraloría antes de que una determinada decisión pueda ejecutarse.
De esta manera, la reforma pretende modificar el equilibrio actual entre los controles previos y posteriores, trasladando el énfasis hacia la fiscalización posterior.
Reforma modifica reglas de control interno
La iniciativa plantea cambios tanto a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República como a las reglas relacionadas con el control interno de las instituciones públicas.
El objetivo declarado es establecer un modelo en el que la Administración tenga mayor margen para ejecutar obras, proyectos y contratos, mientras los órganos de fiscalización concentran su intervención principalmente después de esas decisiones.
El proyecto abre un nuevo debate sobre hasta dónde debe llegar el control previo de la Contraloría y cómo garantizar la fiscalización de los recursos públicos sin frenar la ejecución de obras y proyectos.
