Por: Josué Castro

Cuando se habla de una organización criminal, normalmente se piensa en narcotraficantes o cabecillas armados. Sin embargo, un informe de inteligencia plantea un escenario diferente: una estructura en la que, según el documento, distintos oficiales habrían cumplido funciones específicas dentro de un esquema con distintos niveles de jerarquía.

Una estructura con mandos policiales

De acuerdo con el documento, el presunto organigrama incluiría jefes de delegación, subintendentes, encargados de equipo y oficiales de guardia.

El informe señala que algunos funcionarios que tenían personal a su cargo habrían adquirido un valor estratégico para organizaciones criminales debido a su capacidad para influir en operaciones y en el despliegue de recursos policiales.

La investigación no se limita a identificar a funcionarios, sino que también atribuye presuntas funciones específicas a algunos de ellos.

Transporte, información y apoyo logístico

Entre las labores que aparecen señaladas en el informe están el transporte y movilización de droga, labores de escolta, apoyo logístico y coordinación de aterrizajes en pistas clandestinas.

También se menciona el presunto suministro de información relacionada con rutas y controles policiales, así como la custodia de cargamentos y vehículos utilizados para el supuesto contrabando de licor.

Según la investigación de inteligencia, la red habría mantenido presuntos vínculos con alias “Rojo” y con la estructura conocida como Los Whiskeros.

El documento también relaciona las actividades señaladas con el contrabando de licor, el trasiego de drogas, la trata de personas y el favorecimiento logístico a organizaciones criminales.

El informe advierte que la información debe ser verificada

Uno de los aspectos que destaca el propio documento es que varios oficiales figurarían como presuntos colaboradores o integrantes de estructuras vinculadas con el narcotráfico.

El informe concluye que habría existido una estructura grande y jerárquica que presuntamente utilizaba recursos del Estado para favorecer actividades criminales.

Sin embargo, el mismo documento establece una precisión importante: se trata de información de inteligencia sujeta a verificación y no de una prueba judicial por sí misma.

Por ello, corresponderá a las autoridades determinar, mediante las investigaciones correspondientes y respetando el debido proceso, si las hipótesis planteadas en este informe se traducen en responsabilidades penales.