Por: Josué Castro
Durante sus declaraciones, Aguilar señaló que las autoridades ya no enfrentan únicamente a grupos criminales aislados, sino a organizaciones con importantes recursos provenientes del narcotráfico, estructuras financieras, capacidad para presuntamente corromper funcionarios y logística para operar tanto dentro como fuera de las cárceles.
Para el jerarca, esta realidad representa un cambio significativo respecto al escenario que enfrentaba el país hace una década y obliga al Estado a modificar la forma en que responde al crimen organizado.
“Estamos enfrentando a bandas criminales con un poder económico que nos cuesta imaginarnos”, afirmó Aguilar.
Ministro pide cambios en las leyes y en la forma de aplicarlas
Aguilar sostuvo que la evolución de las organizaciones criminales también debe llevar a una evolución de las leyes y de la manera en que estas se ejecutan.
El ministro cuestionó lo que calificó como una visión basada en medidas flexibles frente a estructuras criminales que, según indicó, representan una amenaza para la seguridad nacional.
En ese sentido, defendió una posición más estricta dentro del sistema penitenciario y aseguró que el Estado debe priorizar la seguridad y el control de las personas privadas de libertad vinculadas con organizaciones criminales.
Nuevas medidas para privados de libertad de alta peligrosidad
El Ministerio de Justicia implementó un régimen más estricto para personas consideradas de alta peligrosidad, particularmente tras la captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.
Entre las medidas mencionadas se encuentran el aislamiento permanente, controles reforzados durante las 24 horas, restricciones de visitas, limitaciones en las comunicaciones y controles extraordinarios sobre los movimientos de los privados de libertad.
A estas medidas se suma la decisión del Gobierno de poner fin al convenio con el Poder Judicial que permitía realizar audiencias de manera virtual.
Según ha explicado el Ministerio de Justicia, esta decisión busca reasignar oficiales de la Policía Penitenciaria a labores de seguridad dentro de los centros penitenciarios.
“Hay miles de víctimas que están esperando respuestas”
El ministro también hizo referencia a las víctimas de la violencia y el crimen organizado para defender una política penitenciaria más estricta.
Aguilar señaló que existen familias que han perdido hijos y nietos a causa de la violencia, así como víctimas de delitos sexuales, y afirmó que estas personas también esperan respuestas del Estado.
En esa línea, sostuvo que el sistema penitenciario debe dejar atrás lo que calificó como una visión de “pobrecito”, así como posiciones que, a su criterio, terminan debilitando la respuesta estatal frente a las estructuras criminales.
El jerarca reconoció que algunas decisiones corresponden a los jueces dentro del proceso penal, pero insistió en la necesidad de fortalecer las herramientas con las que cuenta el Estado para enfrentar al crimen organizado.
Cárceles se convierten en un frente contra el crimen organizado
El mensaje del Ministerio de Justicia es que las cárceles ya no deben ser vistas únicamente como centros de reclusión, sino como uno de los principales frentes de batalla contra las organizaciones criminales.
Para Aguilar, enfrentar esta problemática requiere cambios legales, herramientas operativas y coordinación entre las diferentes instituciones involucradas en el sistema de justicia.
El Gobierno sostiene que la evolución de las estructuras criminales obliga también a transformar la respuesta estatal, especialmente frente a organizaciones con capacidad económica, logística y contactos que les permiten mantener operaciones incluso desde los centros penitenciarios.
