Las cooperativas de salud Coopesalud, Coopesain y Coopesana demandaron a la contralora Marta Acosta, al auditor interno Jorge Suárez Esquivel y a seis funcionarios más. Les atribuyen la elaboración irregular de la nota técnica DFOE-BIS-NT-00001-2024, utilizada por el Ministerio Público para ejecutar los allanamientos del Caso Barrenador.

Según las cooperativas, la nota se elaboró en tiempo récord y sin un respaldo técnico verificable. El documento se basó en un estudio del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, el cual presentaba fallas importantes. Afirman que en ese estudio se manipularon tablas contables que mostraban ahorros millonarios para la institución. En su lugar, se introdujeron supuestos sobreprecios que afectaron la adjudicación de 138 Ebais a cuatro cooperativas y una asociación.

Las entidades aseguran que tanto Acosta como Suárez se negaron a investigar a los funcionarios señalados. Ambos alegaron que el caso ya está bajo una investigación penal. No obstante, las cooperativas sostienen que esto no impide una indagación administrativa. Aseguran que la Contraloría tiene la obligación de revisar posibles irregularidades internas.

El abogado de Coopesalud, Roy Ramos, recordó que la propia Contraloría ha respaldado ese criterio. “La existencia de una investigación penal no impide que se investigue administrativamente a funcionarios públicos”, afirmó.

De acuerdo con la demanda, dos gerentes validaron el estudio defectuoso sin contar con análisis técnicos revisables. Esa validación permitió emitir la nota técnica que sirvió de base para los allanamientos del 23 de septiembre de 2024.

Las cooperativas pidieron al Tribunal Contencioso Administrativo que declare la nulidad absoluta de la nota técnica. También solicitan que se obligue a la Contralora General y al Auditor Interno a abrir una investigación por las actuaciones irregulares de los funcionarios denunciados.