Por: Josué Bravo
El paquete está compuesto por tres reformas constitucionales y cuatro proyectos de ley, con los que el oficialismo pretende modificar aspectos relacionados con seguridad, justicia y funcionamiento de las instituciones públicas.
Cambios en la elección de magistrados suplentes
Una de las reformas constitucionales, planteada por la oficialista Marta Esquivel, propone trasladar a la Asamblea Legislativa todo el proceso de elección de los magistrados suplentes.
La iniciativa eliminaría la participación de la Corte Suprema de Justicia en la elaboración de las nóminas de candidatos, dejando en manos del Congreso el proceso de selección.
La propuesta surge en medio de la reciente controversia entre la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional por la elección de magistrados suplentes.
Proponen ampliar la extradición de costarricenses
La segunda reforma plantea modificar el artículo 32 de la Constitución Política para ampliar los delitos por los cuales un ciudadano costarricense podría ser extraditado.
La propuesta incluye delitos como narcotráfico internacional, sicariato, terrorismo, trata de personas y legitimación de capitales.
Actualmente, la Constitución establece restricciones para la extradición de costarricenses, por lo que la modificación requeriría una reforma constitucional.
Mayor control sobre los datos personales
La tercera reforma constitucional busca incorporar al artículo 24 el derecho a la autodeterminación informativa.
El objetivo es que las personas tengan un mayor control sobre la recopilación, utilización y tratamiento de sus datos personales.
Proponen regular uso de dispositivos táser
El paquete también incluye cuatro proyectos de ley. Uno de ellos pretende autorizar y regular el uso de dispositivos táser como herramienta de fuerza intermedia para los cuerpos policiales.
La propuesta establece supuestos específicos para su utilización y contempla controles sobre la forma en que estos dispositivos podrían ser empleados por los oficiales.
Otra iniciativa busca modificar las reglas de prescripción para evitar que una persona imputada o condenada pueda beneficiarse del paso del tiempo mientras permanece prófuga.
La propuesta plantea suspender los plazos de prescripción durante el período en que la persona permanezca en fuga.
También plantean cambios en el Poder Judicial
El paquete incluye además una propuesta para modernizar el gobierno judicial, mediante el traslado de funciones administrativas a órganos especializados.
La intención es que los magistrados concentren su trabajo en las labores jurisdiccionales y que las funciones administrativas sean asumidas por estructuras especializadas.
Por la naturaleza de esta reforma y su impacto en la organización y funcionamiento del Poder Judicial, el proyecto requeriría 38 votos para su aprobación.
Regulación de la pólvora sonora
La última iniciativa plantea crear una legislación específica para regular la pólvora sonora, incluyendo restricciones para productos de alto impacto acústico.
El proyecto contempla horarios de utilización, zonas donde estaría restringido su uso y sanciones para quienes incumplan las disposiciones.
¿Qué trámite tendrán las propuestas?
Las tres reformas constitucionales deberán seguir el procedimiento especial establecido para modificar parcialmente la Constitución Política.
Este proceso contempla su discusión en dos legislaturas y requiere una mayoría calificada de 38 votos en la Asamblea Legislativa.
Por su parte, los cuatro proyectos de ley iniciarían el trámite ordinario en comisión. Sin embargo, la iniciativa relacionada con la modernización del gobierno judicial también necesitaría 38 votos debido a su incidencia sobre la organización y funcionamiento del Poder Judicial.
El paquete representa así una de las principales apuestas legislativas del oficialismo en materia de seguridad, justicia y reformas institucionales, aunque cada iniciativa deberá superar diferentes etapas de discusión y aprobación antes de convertirse en ley o modificar la Constitución.
