Por: Angie Cantino
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, comunicó la decisión de terminar con el convenio, argumentando que su continuidad representaba un desperdicio de recursos.
La medida vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de audiencias virtuales, especialmente en casos relacionados con personas consideradas de alta peligrosidad y que requieren importantes dispositivos de seguridad para ser trasladadas.
Caso de alias “Diablo” puso el tema en discusión
El debate cobró especial relevancia tras la captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, señalado por las autoridades como uno de los principales objetivos de la lucha contra el crimen organizado en el país.
Después de su detención, el Ministerio de Justicia envió una carta al Poder Judicial en la que recomendaba que la audiencia para definir las medidas cautelares se realizara de manera virtual, debido al riesgo que implicaba trasladar al privado de libertad.
Sin embargo, el Poder Judicial decidió realizar la audiencia de forma presencial. Esta situación también fue mencionada por el Ministerio de Justicia al comunicar la decisión de poner fin al convenio.
Solano advierte sobre impacto de la decisión
Patricia Solano manifestó su preocupación por la eliminación del mecanismo y afirmó que representa “un paso atrás en la lucha contra el crimen organizado”.
La magistrada también señaló que la decisión podría generar repercusiones presupuestarias para el Poder Judicial, debido a los recursos que deben destinarse para los traslados y los dispositivos de seguridad asociados a las audiencias presenciales.
Las audiencias virtuales permitían reducir la necesidad de trasladar personas privadas de libertad desde los centros penitenciarios hasta las instalaciones judiciales, particularmente en casos considerados de mayor riesgo.
Diputados cuestionan a Solano
Las declaraciones de Solano se dieron durante su comparecencia ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, donde los diputados también la cuestionaron sobre diferentes asuntos relacionados con el funcionamiento del Poder Judicial.
Entre los temas abordados estuvieron la elección de magistrados, el presupuesto del Poder Judicial y la querella presentada el día anterior por diputados oficialistas contra cuatro magistrados por un presunto delito de prevaricato.
El debate sobre las audiencias virtuales se suma así a la creciente discusión entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa sobre seguridad, administración de recursos públicos y funcionamiento de la justicia.
