La Comisión Especial que investiga las presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) concluyó este martes su trabajo con la presentación de dos informes: uno de mayoría y otro de minoría.

Según explicó la diputada Rocío Alfaro, el informe de mayoría no establece responsabilidades penales, administrativas ni políticas. Además, sostuvo que el documento coincide con la postura del Gobierno y omite señalar responsables por la situación que enfrenta la institución.

En contraste, el informe de minoría, respaldado por legisladores de oposición, sistematiza los casos analizados y plantea recomendaciones concretas. Entre ellas, propone acciones dirigidas al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público.

Alfaro aseguró que el documento busca impulsar investigaciones y determinar eventuales sanciones contra quienes habrían intervenido en la gestión de la Caja para debilitar servicios, deteriorar la atención o sacar provecho económico. Por ello, defendió la necesidad de que las autoridades competentes analicen los hallazgos.

Asimismo, la diputada afirmó que el debate en el Plenario Legislativo será clave para que ambas posiciones se conozcan, no solo entre las diputaciones, sino también ante la ciudadanía. A su juicio, el informe de mayoría representa “una decepción” para quienes exigen respeto a sus derechos y una atención en salud de calidad.

Ahora, el tema pasará a discusión en el Plenario, donde las fracciones definirán el trámite que seguirá cada uno de los informes.