Por: Angie Cantillo.
¿Qué establece el nuevo decreto?
La presidenta de la República, Laura Fernández, decretó como secreto de Estado la información generada durante las reuniones del Grupo Élite, encuentros que se realizan semanalmente y en los que participan altos rangos policiales, así como los ministros de Justicia y Paz y Seguridad Pública.
El decreto contempla información relacionada con:
- Tácticas y dinámicas policiales.
- Documentación interna.
- Finanzas e inversiones.
- Contrataciones públicas.
La decisión abrió nuevamente la discusión sobre los alcances y límites de la figura del secreto de Estado en Costa Rica.
Costa Rica no tiene una ley específica sobre secreto de Estado
Uno de los principales puntos de debate es que no existe una legislación específica que defina qué debe entenderse por secreto de Estado ni que establezca de manera detallada qué información puede ser clasificada como tal.
Según especialistas consultados, este vacío obliga a analizar cada caso a partir de las disposiciones constitucionales, la jurisprudencia y otras normas relacionadas con la protección de información sensible.
¿Qué información puede ser considerada secreto de Estado?
A partir de los criterios establecidos por la jurisdicción constitucional, la figura puede estar relacionada con información cuya divulgación comprometa aspectos como la seguridad nacional, la defensa del país o determinadas operaciones de inteligencia.
También puede incluir información que se encuentre expresamente protegida por una ley.
Sin embargo, los especialistas señalan que la clasificación no debería convertirse en un mecanismo para impedir el acceso ciudadano a información que, por su naturaleza, debe estar sometida a controles de transparencia y rendición de cuentas.
¿El secreto de Estado tiene fecha de vencimiento?
Otro de los cuestionamientos alrededor de esta figura es si una declaratoria de secreto de Estado debe tener un período determinado de vigencia.
La ausencia de una legislación específica vuelve a colocar este tema en el centro del debate, particularmente cuando se trata de información que podría permanecer protegida durante largos períodos.
Otros presidentes también utilizaron esta figura
La figura del secreto de Estado ha sido utilizada anteriormente por distintos gobiernos costarricenses.
Durante la administración de Luis Alberto Monge, entre 1982 y 1986, se declaró secreto de Estado información relacionada con un informe sobre la crisis del sector agrícola.
Posteriormente, durante el gobierno de Rafael Ángel Calderón, entre 1990 y 1994, se aplicó la figura a información relacionada con el salario del presidente del Banco Central.
En la administración de José María Figueres, entre 1994 y 1998, se utilizó para información relacionada con el trasiego de drogas y vehículos de la Policía de Control de Drogas.
Finalmente, durante el gobierno de Óscar Arias, entre 2006 y 2010, se declaró secreto información relacionada con la negociación de bonos de deuda pública con China.
Sala Constitucional ha dejado sin efecto declaratorias
En estos antecedentes, la Sala Constitucional dejó sin efecto las declaratorias, al considerar los principios relacionados con el libre acceso a la información pública y la transparencia.
Por esta razón, los expertos no descartan que el decreto de la actual administración pueda enfrentar nuevamente un cuestionamiento ante la jurisdicción constitucional.
Uno de los puntos que podría generar mayor discusión es precisamente la inclusión de información financiera, inversiones y contrataciones públicas dentro de la declaratoria.
También preocupa el impacto sobre la libertad de prensa
El alcance del decreto también generó preocupación en sectores vinculados con la defensa de la libertad de prensa.
La Sociedad Interamericana de Prensa ya manifestó alertas sobre una eventual afectación al acceso a la información y al ejercicio periodístico.
El debate queda ahora abierto: ¿hasta dónde puede llegar un secreto de Estado y dónde debe comenzar el derecho de la ciudadanía a conocer información pública?
